Las personas con discapacidad o sus familiares afrontan cotidianamente situaciones que los consagran como verdaderos luchadores de la vida. Son incontables los obstáculos que deben superar: la burocracia, la falta de accesibilidad y una sociedad que aún en estos tiempos no se encuentra preparada para integrarlos, son algunas.

El mayor de los desafíos se encuentra cuando le ponen barreras como la burocracia, que no es menor. Un ejemplo claro es saber que, hoy por hoy, deben esperar más de siete meses para acceder al Certificado Único de Discapacidad en una oficina pública provincial, donde no existió la previsibilidad y por errores ajenos a los usuarios, estos deben pagar el precio de no contar con un papel valioso. Ese pedazo de papel permite que la Ley se cumpla y no deban costear tratamientos o bien puedan sacar su pase libre para el transporte público, y demás.

PrimeroSalta se hizo eco de las denuncias y preocupación de familias que hoy cuentan con turnos al 2017 para realizar sus trámites del Certificado Único de Discapacidad, en las oficinas de calle Jujuy y Mendoza de la Capital Salteña. Fabiana Ávila en diálogo con nuestro medio confirma que actualmente la situación es así, existe una demora importante en el trabajo por falta de personal y de una Junta Medica Menos.

Niega que exista un desinterés por parte del organismo y del gobierno provincial. Simplemente recurrió a plantear que “existe una situación difícil, que es la demora en la tramitación del certificado único de discapacidad”, a lo que se sinceró y planteo “estamos bastante demorados”.

En su defensa, sostuvo que desde el inicio de la gestión de la secretaría (diciembre 2015) se viene  realizando trámites para conformar nuevas juntas y poder descentralizar la burocracia en la que se encuentran, es decir, buscan crear juntas medicas para que atiendan el trabajo en diferentes puntos de la provincia (Chachi, Metan, Cafayate, Oran, Tratagal y Güemes). Para ello se encuentran trabajando junto al Ministerio de Salud para la conformación de las mismas, lo que no solo se trata de nombrar profesionales médicos, sino que incluye una capacitación y el aval de nación.

“Estamos haciendo lo humanamente posible para revertir esta situación, estamos articulando con casos extremadamente urgentes. Yo en particular estoy en la secretaría atendiendo cada uno de los casos que se plantean y son muchas”, argumenta.

Un certificado que permite no solo la gratuidad del transporte público, se incluye la Asignación Universal por hijo con discapacidad, Pensiones y la cobertura de las obras sociales. Estas últimas son sin lugar a dudas la mayor de las preocupaciones entendiendo el costo que deroga cada tratamiento de una persona, sea cual sea su condición de salud. Cabe destacar que nadie está en condiciones de afrontar con los costos económicos que se presentan, y por ello se necesita y demanda una celeridad en la emisión de dichos certificados. Partiendo que por Ley Nacional las Obras Sociales deben cubrir el 100 por ciento de las prestaciones  para personas con discapacidad.

En el trabajo de encontrar un culpable, al mencionar a Nación como responsable, Ávila sostuvo, entre titubeos: “si hay que encontrar un culpable es justamente todo lo administrativo que se produce cuando hay baja de personal, al quedar sin una Junta Medica menos hace que enlentezca el tramite. Menos gente trabajando, la demora se hace un poco más. Pero en eso es lo que estamos trabajando”.

La funcionaria calcula que en un mes más van a poder contar con la cantidad de Juntas Medicas, entre las que se sumarían la del Centro de rehabilitación y el hospital Papa Francisco. “los turnos que se hayan dado en la fecha mencionada se van a adelantar. Nosotros tenemos los contactos de quienes tienen los turnos”, agregó.

 “Estamos trabajando muy fuerte para que se acorten los tiempos. Nadie mejor que nosotros conocemos la importancia del certificado para cada una de la personas que los tramitan”, sentenció.

Beneficio de la Secretaría para personas con discapacidad

Más allá de la vorágine de lo administrativo, surge la inquietud de conocer que trabajo se viene gestando desde la Secretaria. Ante esto Ávila cuenta: “hace mucho tiempo que se viene trabajando en la discapacidad. En estos momentos estamos con un proyecto sumamente ambicioso con el Ministerio de Cultura y Turismo en la elaboración de audio libros, los cuales los hacen personas privadas de la libertad, la que viene con una doble característica de inclusión, por un lado los audio libros para personas con discapacidad y por otro lado sumar a personas que están privados de libertad que es necesario que se involucren y hagan un trabajo social”.

Por otra parte, en su testimonio relata que se encuentran trabajando en instar a los municipios a que constituyan áreas específicas para la atención y demanda de personas con discapacidad. Algo que solo queda en un deseo y se podría lograr con la voluntad individual de cada Jefe Comunal.

Prioridades en las políticas públicas del Gobierno

Cuesta a veces entender el orden de prioridades que le brindan a las políticas públicas. Por ejemplo, se le consulto a Ávila sobre aquellas rampas amarillas que se colocaron años atrás en determinados sectores privilegiados del centro capitalino y que no se volvieron a llevar a cabo, en zonas de mayor afluencia de público en calles y avenidas tales como la San Martin, Mendoza, etc. Rampas que tuvieron un elevado costo unitario, donde ella se encontraba como Directora de la Discapacidad del Gobierno Provincial.

Para la funcionaria el tema de accesibilidad, sensible si los hay, es competencia de cada municipio. Al mencionarle su buena relación con el Director de la Discapacidad Municipal Carlos Boti Lecuona y sí se buscaron generar acciones en conjunto, solo recurrió a plantear que “las verdaderas decisiones políticas están más arriba (por el intendente Gustavo Sáenz)”. Dejando en claro y justificando la poca actividad que mantiene, hoy por hoy, el titular del área municipal.

Sintetizando

En estos seis meses que llevan de gestión como Secretaría, las políticas que se están implementando son el Audio Libro e intentar corregir y dar celeridad en los turnos para los certificados únicos de discapacidad.

 Para no ser faltos a la verdad, Ávila suma al corto listado de trabajo que se viene realizando: la planificación de políticas públicas y de inclusión laboral para personas con discapacidad. Aspecto que fácilmente es refutado y confirmado por Ávila, erráticamente en el porcentaje, pero confirmando que no se cumple con la Ley Nacional de Discapacidad N° 25.785  donde establece que “las personas con discapacidad tendrán acceso a una proporción no inferior del cuatro por ciento de los programas socio laborales que se financien con fondos del Estado. “Si la pregunta es si se cumple con la Ley del 2% de cupo en la administración pública, digo que no.  Ahora, hay que trabajar muy fuerte en la capacitación de esas personas, no solo el hecho de ser persona con discapacidad lo acredita para un puesto de trabajo, hay que estar capacitado para eso. Estamos trabajando muy fuerte en eso”.

Por último asegura que en cada espacio donde se generen capacitaciones tienen que estar incluidas las personas con discapacidad y eso lo garantizan. Quien aprovechó para informar que donde se dicten capacitaciones, como en la escuela de Artes y Oficios, y quieran hacerlo ellos deben garantizar la inclusión.

A resumidas cuentas, el trabajo que vienen realizando es insuficiente. No solo es poco difundido, no se percibe en la imagen que la población tiene de un área tan sensible como lo es el de la discapacidad. La frase “estamos trabajando” o “hay que trabajar fuertemente”, utilizada en reiteradas veces por la funcionaria no garantizan que la imperiosa necesidad existente se resuelva a corto plazo.

Fuente: PrimeroSalta