“Más vale pájaro en mano que cien volando”, dice el dicho popular y ejemplifica de la mejor manera lo que hoy sucede. Por la crisis inflacionaria devenida de políticas nacionales, se presiona a los gremios para que seduzcan a los trabajadores que mantienen nucleados y acepten aumentos en negro. Estos obedientes se encuentran, como pocas veces, realizando asambleas para plantear el ofrecimiento del gobierno que no es otro que “quieren aumento, debe ser en negro”, pues así se debe elegir entre un mínimo aumento en blanco que sufrirá los respectivos descuentos (legal), o bien, reciban un mayor incremento de dinero en sus bolsillos en negro (anti ético).

Los gremios tras la reunión que mantuvieron en la jornada de ayer, no tardaron en convocar a sus afiliados para explicar el panorama. En su mayoría de los Secretarios Generales se percibe una presión, puesto que si quieren que el trabajador perciba un incremento deben ceder a la voluntad de la patronal. En este caso el Gobierno Provincial.

Los docentes son quienes imponen el techo de discusión en los montos a percibir por parte de los diferentes estamentos del Estado. Ante esto los gremios de la educación fueron quienes salieron a trasladar su inquietud, con cara de preocupación pero convencidos que no les queda otra alternativa.

Eloy Alcalá, Secretario general de AMET en un comunicado, convocando a una Asamblea de delegados para el día jueves a las 9 en su sede, anticipaba que la propuesta del Gobierno es  "el porcentaje que se llegue a acordar sea abonado en negro, esto permitiría aumentar a ese porcentaje de lo que se paga de aportes. La idea es mejorar el porcentaje del acuerdo y el sueldo de bolsillo. Los montos fijos  y la reducción del tope de horas van a seguir como estaba previsto, lo acordado será coyuntural y el nuevo código sería dado de baja cuando la situación económica se estabilice".

Algunos referentes de sindicatos locales, en off the record plantean que no tienen otra alternativa. El ofrecimiento en negro permitiría superar el 40 por ciento de aumento. De negarse a la propuesta en general, solo les quedarían las medidas de fuerzas, para las que no están en condiciones, anímicas ni económicas, de afrontar.

Patricia Argañaraz, titular de ADP, en conferencia de prensa notificó que se encuentran en una etapa muy difícil, donde el Gobierno no cuenta con recursos para afrontar aumentos importantes. Donde explica que es consciente de  la crisis por la que atraviesa el país y, por ende, la provincia.

“Estamos tratando, queremos que el impacto del dinero le llegue directamente en las manos del docente y eso estuvimos analizando. Ya sabemos todo de la situación crítica nacional y provincial, pero necesitamos el ingreso y aumento, necesitamos que el maestro cobre. Nosotros les dijimos que hay que superar el 40 por ciento en forma anual”, argumenta Argañaraz. Quien agregó que no existieron ofrecimientos por parte del Gobierno, pero si la posibilidad de fijar algunos montos y de cómo se repartiría.

En un claro ejemplo se disponen los gremios a aceptar estos aumentos en negro. Partiendo de la ilegitimidad que eso significa. Lo preocupante es saber que existen trabajadores que prefieren percibir hoy un mayor porcentaje de efectivo en bolsillo, sin medir las consecuencias que eso contrae a futuro, para quienes buscan jubilarse dignamente.

Lo no remunerativo y su falta de etica

Las  sumas no remunerativas en los acuerdos salariales fueron declaradas inconstitucionales en tres oportunidades por la Corte Suprema, que se utilizaron para engrosar los aumentos salariales, ahora sirven para contener las expectativas inflacionarias. Las presentaciones y fallos más relevantes sucedieron a pedido de las provincias de Rio Negro en 2014 y Mendoza.

En Salta, el Gobierno disimula la crisis y adopta viejas recetas de los 90. Mientras algunos viejos dirigentes, de la vieja escuela, luchaban para recomponer salarios y blanquear aquel dinero que no permitía que un trabajador del Estado se jubile con un aporte digno, hoy libremente algunos gremios buscan “llevar dinero en negro, pero seguro” a sus afiliados.

Más allá que el Gobierno permita estos episodios, que al ser avalados por ellos, se convierten en una conducta poco ética. Que va en detrimento del básico y estabilidad del trabajador. Dejando en claro cuáles son las verdaderas prioridades de quienes gobiernan. Por ejemplo, no se concibe que la provincia adquiera un empréstito millonario en dólares y solo sean invertidos en la obra publica. Mientras que no exista posibilidad alguna de mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores, los que hoy, como cualquier otro sufre los altos índices inflacionarios producidos por el gobierno nacional.

Fuente: Primero Salta