El subgerente de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad, Manuel Keumurdji, aseguró que los radares que se colocan sobre las rutas nacionales no están habilitados por la Dirección Nacional de Vialidad ni por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

 

Estos radares truchos representan un sistema claro de recaudación, donde están involucrados desde algunos funcionarios locales como el intendente, junto a la empresa prestataria de estos servicios y hasta algunos estudios jurídicos.

Actualmente se estima que de lo recaudado el 30% va a parar a las arcas municipales y el 70% a la empresa que puso el radar. En cambio, “si fuera legal, de lo recaudado el 30% se debería destinar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, otro 20% al municipio y el resto va al ente privado que compró los radares”, explicó. “No ataco a los radares, sino el mal uso de estos radares”, indicó Keumurdji quien dio a conocer la existencia de 670 radares truchos en el país. Este tipo de ilícitos se observan en municipios de Catamarca (Recreo), Santiago del Estero (Fernández), Misiones (Carupá y Candelaria), etc.

El buen uso de este sistema, según asuntos jurídicos de Vialidad, se da en Córdoba. En esta provincia se instalaron radares como corresponde además de contar con carteles previos de manera visible, y en el lugar con la presencia de agentes de tránsito para corroborar y certificar el exceso de velocidad.

Vialidad aconseja no pagar las fotomultas y denunciar la recepción de estas supuestas infracciones de tránsito ante la gerencia de asuntos jurídicos de este organismo nacional y la Defensoría del Pueblo de la Nación.