Las instituciones convocantes presentaron un documento de 18 puntos sobre cómo los medios pueden ayudar a luchar contra la violencia hacia las mujeres.

 

 

La Representación provincial ante el CONACAI, junto al INADI y AFSCA a través de sus Delegaciones locales, invitaron a periodistas y medios de comunicación, a generar un activo compromiso en la lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres como parte de la responsabilidad social de los medios de comunicación.

Numerosos periodistas de distintos medios de comunicación de Salta adhirieron a la invitación, ante la creciente cantidad de casos de violencia de género y femicidios ocurridos en Salta y en el país, y frente a la convocatoria de la marcha NI UNA MENOS contra la violencia de género, que se realizará el próximo miércoles 3, a las 17 Hs. en Plaza 9 de Julio de esta ciudad.

Participaron el Representante de Salta en el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) Federico Dada; el delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), Nicolás Hirtz; y el  delegado de AFSCA en Salta, Germán Banek.

En este marco, los funcionarios presentaron un documento de 18 puntos destinado a comunicadores y medios de comunicación sobre el abordaje de la violencia contra las mujeres, y anunciaron capacitaciones articuladas con organismos nacionales para llevar a cabo en los próximos meses.

“Nuestro aporte institucional busca que la comunicación, que es un servicio social, sea más respetuosa de los derechos de las personas y la vez ayude a periodistas y medios de tener más herramientas para concientizar a sus audiencias sobre la violencia contra las mujeres y cómo prevenirla y erradicarla desde la práctica periodística”, consideró Dada.

Participaron también por la Red PAR de periodistas por una comunicación no sexista, Maru Rocha Alfaro; y por el Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados, Fátima Hognadel.

 

Compromiso de periodistas y medios contra la violencia de género

Durante el encuentro se destacó el rol de los comunicadores y las comunicadoras como fundamental para favorecer la incorporación social de una nueva mirada sobre la problemática de género y colaborar a desmontar prejuicios y estereotipos arraigados en nuestra sociedad sobre las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Un periodismo sexista naturaliza el imaginario machista, al afianzar estereotipos circulantes bajo la creencia de que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres es propiedad de hombres, y pueden hacer con ellas lo que quieran, además de reforzar la idea de que las víctimas son culpables de las violencias que sufren, cuando lo que le pasó fue por ser mujer.

Dada consideró que “una comunicación que incorpora la perspectiva de género, contribuye a la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria”. Y destacó que “los medios, haciendo uso de su responsabilidad social, pueden ayudar a erradicar la violencia de género promoviendo mensajes y dando a conocer información que sea concordante con la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres”.

Esta ley expresa que los medios de comunicación pueden ser un ámbito de reproducción de violencia de género. En su art. 6°, define a la violencia mediática contra las mujeres como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

También se invitó a los medios a respetar la privacidad y confidencialidad de las niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, no difundiendo la identidad ni imágenes en estos casos, tal como lo establece la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CIDN), y las Leyes 26.061 y 26.522, que prohíben toda injerencias arbitraria o ilegal en la vida privada de los niños y niñas.